El gobierno proclama equilibrio fiscal. El último informe del Fondo Monetario Internacional revela, en sus propias métricas, que el resultado real es muy distinto al que se comunica. Un análisis de los mecanismos contables que sostienen una narrativa de solvencia que el financiamiento desmiente.
Por Sebastián Cristofari | Análisis económico
Salta, 28 de mayo de 2026
Desde principios de 2024, el gobierno nacional repite con insistencia un logro que presenta como el eje de su gestión económica: la Argentina volvió al superávit fiscal. La afirmación es técnicamente correcta en los términos en que está formulada. El resultado primario —ingresos del Estado menos gastos, antes del pago de intereses de deuda— registró valores positivos durante 2024 y parte de 2025, por primera vez en más de una década. El problema no es lo que esa cifra dice. El problema es todo lo que esa cifra deliberadamente no muestra.
El último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina contiene, dispersos entre sus páginas técnicas, los elementos suficientes para reconstruir una imagen fiscal mucho menos alentadora. No porque el Fondo contradiga al gobierno de forma explícita —la diplomácia institucional del organismo rara vez lo hace— sino porque sus propios indicadores, sus advertencias sobre sostenibilidad, sus proyecciones de deuda y sus notas metodológicas dibujan un cuadro que no coincide con la narrativa del “déficit cero”.
El ABC de la línea: qué se mide y qué se esconde
En contabilidad fiscal, la distinción entre “arriba de la línea” y “bajo de la línea” es el eje sobre el que gira cualquier diagnóstico serio. “Arriba” están los ingresos y los gastos: lo que recauda el fisco, lo que gasta en salarios, jubilaciones, subsidios, obra pública. La diferencia entre ambos lados es el resultado fiscal: superávit si los ingresos superan a los gastos, déficit en caso contrario.
“Bajo de la línea” está el financiamiento: cómo se cubrió ese déficit, o cómo se usó ese superávit. Si hay déficit, se financia con nueva deuda, con emisión monetaria, con venta de activos o con uso de reservas. Si hay superávit genuino, esa diferencia debería reflejarse en una reducción equivalente de la deuda neta o en una acumulación de activos del Estado. La identidad contable es perfecta: lo que se mide arriba tiene que coincidir con lo que se financia abajo. Cuando no coincide, hay algo que no se está contando.
“Si hay superávit genuino, la deuda neta del Estado debería bajar en proporción equivalente. En la Argentina de 2024-2026, la deuda pública en términos reales no bajó. Esa sola observación basta para formular la pregunta que el gobierno no responde.”
La Argentina de 2024-2026 presenta una anomalía que el informe del FMI registra sin nombrarla explícitamente: el superávit primario declarado no se refleja en una reducción proporcional de la deuda pública. El stock de deuda, medido en dólares, en porcentaje del PBI y en términos reales, no descendió en la magnitud que el superávit proclamado debería haber producido. Esa brecha entre el resultado declarado y la evolución del stock de pasivos es, en esencia, la huella contable de los mecanismos que analizamos a continuación.
Los siete mecanismos del superávit contable
El resultado fiscal del gobierno no es el producto de una sola trampa contable sino de la combinación de varios mecanismos que, por separado, podrían parecer menores o hasta justificables. Juntos, configuran una distorsión sistemática entre la imagen de solvencia que se comunica y la posición patrimonial real del Estado.
1. La base caja contra la base devengado
El gobierno mide su resultado fiscal en base caja: se registra el ingreso cuando el dinero entra y el gasto cuando el dinero sale. Este criterio, el más permisivo de los disponibles, permite diferir el reconocimiento de obligaciones. Una factura de la empresa proveedora del Estado recibida en diciembre de 2024 pero pagada en febrero de 2025 aparece como gasto del ejercicio 2025, no del 2024. La acumulación sistemática de estas facturas impagas —la denominada “deuda flotante”— se estimó a fines de 2024 en torno al 0,5-0,8% del PBI. Bajo criterio devengado, que es el estándar internacional recomendado por el propio FMI para economías con mercados de capitales desarrollados, ese monto integraría el gasto del período en que la obligación se generó, reduciendo el superávit declarado en la misma proporción.
2. Las transferencias del Banco Central como ingreso genuino
En 2024, el Banco Central de la República Argentina transfirió al Tesoro Nacional utilidades contables por un monto equivalente a aproximadamente 0,7% del PBI. Esas utilidades surgen principalmente de la revaluación en pesos de los activos en moneda extranjera del BCRA —es decir, de las reservas internacionales— en un contexto de tipo de cambio devaluado. No representan una ganancia operativa genuina: son un efecto contable de la depreciación cambiaria. El FMI, en sus metodologías de consolidación del sector público, excluye habitualmente estas transferencias del cálculo del resultado fiscal primario, por considerarlas cuasifiscales. El gobierno las computa como ingreso ordinario. La diferencia no es trivial.
3. El colapso de la inversión pública como reducción de gasto
La inversión pública —obra de infraestructura, vivienda, energía, transporte— se derrumbó entre 2023 y 2025 de aproximadamente 2,5% del PBI a niveles que el FMI sitúa por debajo del 0,5%. Este recorte es, contablemente, una reducción del gasto que mejora el resultado fiscal. Económicamente, sin embargo, no representa ahorro sino deterioro de activos: rutas que no se hacen, redes que no se mantienen, hospitales que no se construyen. El informe del FMI dedica un apartado explícito a advertir sobre los riesgos de mediano plazo de una inversión pública que no alcanza ni para cubrir la depreciación del stock de capital existente. Un superávit logrado a costa de no renovar el capital público es, en términos patrimoniales, un superávit ficticio.
4. La deuda intra-sector público que no consolida
Una porción significativa del financiamiento del Tesoro proviene de organismos del propio Estado: fundamentalmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que absorbe colocaciones de deuda pública que en los registros del Tesoro aparecen como “deuda con el mercado”. Al consolidar el sector público —como corresponde en cualquier análisis de sostenibilidad fiscal— estas operaciones se netean: son una bolsa del Estado prestándole a otra bolsa del mismo Estado. Pero en los comunicados oficiales, esa deuda no se consolida. El resultado es que el stock de deuda externa o con privados parece menor de lo que es, porque una porción del rollover se hace internamente. Cuando el FGS necesite liquidar esos títulos para pagar jubilaciones, el Tesoro deberá encontrar financiamiento externo equivalente.
5. Los pasivos contingentes que no tienen línea propia
Existe una categoría de obligaciones del Estado que no figuran ni arriba ni abajo de ninguna línea en los reportes fiscales: los pasivos contingentes. El más voluminoso en la Argentina actual es el derivado de la sentencia del fallo “Badaro” y sus derivados: el Estado adeuda a jubilados actuales y futuros un ajuste de haberes cuya cuantía, según estimaciones técnicas del sector judicial y de consultoras especializadas, podría oscilar entre 1,5 y 2,0 puntos del PBI en obligaciones ciertas o altamente probables. A eso se suman los pasivos por obras sociales, universidades y municipios con reclamos en proceso judicial. El informe del FMI menciona “riesgos fiscales contingentes” como uno de los factores de vulnerabilidad del programa, sin cuantificarlos. La omisión de cuantificación es ella misma un dato.
6. Los subsidios energéticos devengados y no transferidos
El esquema de reducción de subsidios energéticos —uno de los pilares del ajuste del gobierno— no eliminó los subsidios sino que los trasladó. Parte de lo que el gobierno no paga a las distribuidoras de energía en el período corriente se acumula como deuda comercial del sector público con el sector privado regulado. Las empresas del sector —en particular las de distribución eléctrica y gas— cargan con ese costo diferido en sus balances. En la medida en que el Estado no reconoce esa deuda en sus registros fiscales, el gasto no existe para la contabilidad oficial. Existe, en cambio, en la forma de tarifas futuras que deberán cubrir ese diferimiento, o de quiebras en el sector que el propio Estado deberá eventualmente rescatar.
7. El tipo de cambio como corrector silencioso de la deuda
La deuda pública argentina está denominada mayoritariamente en dólares o ajustada por CER. Cuando el tipo de cambio real se aprecia —como ha ocurrido bajo el esquema de crawling peg del gobierno— el stock de deuda medido en pesos constantes aumenta incluso si no se emite deuda nueva. El FMI proyecta la deuda pública argentina en niveles superiores al 80% del PBI para el horizonte 2025-2027, con una trayectoria que considera “alta” y sujeta a “riesgos significativos”. Esta proyección es estructuralmente incompatible con la narrativa de un Estado que está saneando sus cuentas mediante superávit genuino.
Lo que el espejo del financiamiento revela
La prueba más sencilla de la inconsistencia entre el superávit declarado y la posición fiscal real es la que ofrece el propio balance de financiamiento. Si el Tesoro hubiera generado un superávit primario del 1,7% del PBI en 2024 —como afirma el gobierno— y las tasas de interés reales fueran las que fueron, el resultado financiero global debería haber sido un déficit manejable, inferior al 2% del PBI. Ese déficit debería haberse cubierto con nueva deuda neta en esa proporción. Pero la variación del stock de deuda pública consolidada entre enero y diciembre de 2024 superó ese umbral en varios puntos, incluso excluyendo la revaluación por tipo de cambio.
| Concepto fiscal | Versión oficial (base caja) | Estimado real / ajuste FMI |
| ▸ Arriba de la línea — resultado operacional | ||
| Ingresos tributarios netos | ~26,5% del PBI | ~26,5% del PBI |
| Transferencias BCRA (utilidades cambiarias) | +0,7% del PBI | 0% — excluido (cuasifiscal) |
| Gasto primario corriente | ~25,5% del PBI | ~25,5% del PBI |
| Inversión pública | -0,3% del PBI | -0,3% del PBI (necesidad: ~1,5%) |
| Deuda flotante (facturas impagas) | No registrado | −0,6% del PBI adicionales |
| RESULTADO PRIMARIO | SUPERÁVIT +1,7% del PBI | SUPERÁVIT AJUSTADO ~+0,4% del PBI |
| Intereses de deuda pagados | −3,8% del PBI | −3,8% del PBI |
| RESULTADO FINANCIERO (incluyendo intereses) | DÉFICIT −2,1% del PBI | DÉFICIT AJUSTADO ~−3,4% del PBI |
| ▸ Bajo de la línea — fuentes de financiamiento | ||
| Colocación neta de deuda en mercado | Cubre déficit declarado | Incluye títulos intra-sector público |
| Deuda intra-sector público (ANSES / FGS) | No consolidado | ~+1,0% del PBI (deuda real del Estado) |
| Pasivos contingentes judiciales (haberes) | No registrado | ~1,5–2,0% del PBI (obligaciones ciertas) |
| Subsidios energéticos diferidos | No registrado | ~0,3–0,5% del PBI (deuda comercial) |
| VARIACIÓN REAL DE DEUDA NETA | Baja (por superávit declarado) | SUBE en términos reales |
Nota: Cifras aproximadas en base a datos INDEC, MECON y proyecciones del staff del FMI. Los ajustes reflejan la diferencia entre criterio caja oficial y criterio devengado/consolidado estándar.
La brecha entre ambas columnas no representa un error de cálculo. Representa la diferencia entre una métrica construida para comunicar y una métrica construida para medir. El FMI, que negoció el programa con el gobierno argentino y por lo tanto tiene acceso a la información fiscal completa, no avala explícitamente el número oficial ni tampoco lo desmiente de forma pública. Lo que hace, en cambio, es condicionar la continuidad del programa a una serie de metas —acumulación de reservas, reducción del cociente deuda/PBI, convergencia del resultado financiero— que solo tienen sentido si el punto de partida no es el que el gobierno proclama.
Estabilizar no es lo mismo que sanear
La distinción entre estabilización y saneamiento fiscal es crucial para entender qué está ocurriendo en la Argentina y qué seguirá ocurriendo si la trayectoria no cambia. Estabilizar significa detener el deterioro: reducir la tasa de crecimiento del déficit, frenar la emisión monetaria, contener la inflación a través del ancla cambiaria y fiscal. En ese sentido, el gobierno ha logrado avances reales que sería injusto desconocer.
“Estabilizar significa detener el deterioro. Sanear significa revertirlo: reducir el stock de deuda, reconstruir la inversión pública, normalizar los pasivos contingentes y construir un superávit que resista un ciclo económico normal sin el auxilio de activos vendidos o gastos diferidos. El FMI no dice que la Argentina haya saneado. Dice que ha estabilizado. Son cosas distintas.”
Sanear, en cambio, significa revertir el deterioro acumulado: reducir el stock de deuda en términos reales, reconstruir la capacidad de inversión pública, normalizar los pasivos contingentes, liberar el tipo de cambio sin que la deuda se dispare, y construir un resultado fiscal que se mantenga positivo incluso en un ciclo económico desfavorable, sin el auxilio de transferencias cuasifiscales, activos vendidos o gastos diferidos. El informe del FMI no dice que la Argentina haya saneado sus finanzas públicas. Dice que ha estabilizado. La diferencia no es semántica.
Proclamar superávit es legítimo como señal política cuando ese superávit existe en los términos en que se lo mide. Pero presentarlo como evidencia de salud fiscal estructural, cuando el propio organismo que financia el programa condiciona su continuidad a indicadores que revelan una posición mucho más frágil, no es comunicación de gestión: es gestión de la comunicación. Y esa diferencia, en economía, tarde o temprano la paga alguien.
Lo que la Argentina necesita ver en los números
No se trata de negar los ajustes que se hicieron. Se trata de exigir que la contabilidad refleje la realidad completa. Un Estado que mide su resultado en base caja, que consolida transferencias del BCRA como ingreso genuino, que no registra la deuda flotante, que no reconoce pasivos contingentes ciertos y que reduce la inversión pública a niveles de emergencia para mostrar superávit, no está siendo fiscalmente responsable: está siendo fiscalmente presentable. Son cosas distintas.
El camino hacia una verdadera sostenibilidad fiscal en la Argentina requiere, como mínimo, tres condiciones que hoy no están presentes: primero, la adopción del criterio devengado como base de medición del resultado fiscal, tal como lo recomienda el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del propio FMI; segundo, la consolidación del sector público para que la deuda intra-Estado deje de contarse como financiamiento externo; y tercero, la incorporación de los pasivos contingentes en los informes fiscales, con una metodología transparente de cuantificación y un cronograma de absorción.
Sin esas condiciones, el debate sobre el superávit seguirá siendo, fundamentalmente, un debate sobre qué elegimos no ver. Y lo que se elige no ver en las cuentas públicas siempre termina apareciendo en algún otro lugar: en la inflación, en la deuda, en el tipo de cambio o en la deuda que hereda la próxima administración.
Sebastián Cristofari es analista económico. Este artículo forma parte de una serie de análisis sobre el programa del FMI con Argentina y sus implicancias para la política fiscal, tributaria y distributiva.
